Seguridad alimentaria, un desafío pendiente en la agenda de los derechos humanos
POR María José Bernal Ballesteros
Tal como lo ha referido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la alimentación es un derecho que está íntimamente vinculado con la dignidad de la persona humana; su aseguramiento requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales enfocadas a la erradicación de la pobreza.
En este sentido, reconocer a la alimentación como un derecho humano implicaría, al menos hipotéticamente, la garantía universal de éste, y a su vez el desarrollo integral de todas las personas. No obstante, la realidad social que se vive en todo el mundo dista mucho respecto de esta concepción teórica.
El hambre, la pobreza y la desigualdad social, desafortunadamente, son situaciones comunes en la que miles de personas viven. La falta de recursos económicos, empleo y oportunidades ha ocasionado que la población más pobre, generalmente, no tenga acceso a los alimentos básicos, causándole una situación de riesgo y vulnerabilidad.
De acuerdo con Naciones Unidas, entre 2014 y 2016, alrededor de 795 millones de personas a nivel mundial sufrían de malnutrición; es decir que aproximadamente una de cada nueve no tenía los alimentos necesarios para estar sana. Frente a este escenario, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura expresó su preocupación, pues según estima para el 2050 la cifra ascenderá a nueve mil 700 millones de personas.
La complejidad que conlleva la erradicación del hambre deviene de los múltiples factores que inciden en ella; hablamos por ejemplo de desigualdades sociales, de las diferencias tan marcadas que existen en los ingresos económicos, la falta de oportunidades e incluso el cambio climático que tiene que ver con la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. A ello, le sumamos los distintos marcos jurídicos y condiciones sociales de cada nación.
Actualmente todos los países tenemos el importante reto de erradicar el hambre y la pobreza. La justiciabilidad que tienen hoy los derechos humanos exige un plan de acción que asegure su cabal cumplimiento.
La protección y garantía de este derecho requiere de una labor conjunta; y si bien los estados son los principales responsables, la ciudadanía también puede, y debe, contribuir positivamente a la solución de esta gran problemática; esto, por ejemplo, a través de una agricultura sostenible o de la optimización de recursos naturales y económicos, entre muchas otras acciones. Por ello, es indispensable que hagamos conciencia y sumemos esfuerzos por el bien de las generaciones futuras.
“Por una cultura de los derechos humanos”