Desaparecen recursos para capacitar a policías
Los más de mil 537 millones de pesos presupuestados desde 2011 para que el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) capacite a policías estatales, municipales y custodios en el nuevo sistema de justicia no fueron aplicados para tal fin, por lo que este esquema nunca se instaló y, por tanto, sus resoluciones corren el riesgo de resultar ilegales.
De acuerdo con información del portal de noticias Tres PM, lo anterior fue reportado al dar respuesta a una solicitud de información planteada por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna AC, María del Carmen Peralta Guzmán, titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del IMSJ, indicó que la institución fue creada el 18 de octubre de 2011.
Desde entonces, refiere, “no fue beneficiado con recursos necesarios para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal”.
En el oficio 202N10002/UIPPEIMSJ/030/05/17 de 15 de mayo de 2017 admite: “El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia no ha certificado a integrante alguno de las instituciones de seguridad pública de la entidad”.
Pérez Espinoza destacó que, por esta razón, ha solicitado al Instituto de Transparencia de la entidad (Infoem) requiera a José Manzur, secretario general de Gobierno; Damián Canales y Eduardo Valiente, responsables de la Comisión Estatal de Seguridad (CES); y al fiscal Alejandro Gómez, en su calidad de presidente y vocales de la Junta de Gobierno del IMSJ respectivamente, detalles sobre el destino de los recursos.
Estos funcionarios, expone, son los responsables de aplicación correcta o, en su defecto, de las anomalías en el manejo de los recursos públicos asignados a la institución.
Para el activista, la respuesta del IMSJ acredita que durante el sexenio del gobernador Eruviel Ávila no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial, por lo que incumplió con al artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008.
Esta disposición mandata a las Legislaturas de los Estados a destinar los recursos necesarios para garantizar su total operatividad en un plazo de ocho años contados a partir de entonces, teniendo el 18 de junio de 2016 como fecha fatal.
Como resultado, advirtió Pérez Espinoza, el nuevo sistema de justicia no se instaló ni consolidó, “teniendo como resultado graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias para simular que las conductas delictivas se realizaron en flagrancia, la fabricación de carpetas por falsos delitos, lo más delicado es que… se incrementaron los casos de tortura”.
Conforme a los Presupuestos de Egresos del Estado de México de cada año, en 2012 se asignaron al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 164 millones 980 mil 673 pesos; en 2013 su recurso fue de 170 millones 049 mil 209, para 2014 le fueron destinados 177 millones 103 mil 059, durante 2015 le canalizaron 330 millones 051 mil 930, en 2016 le transfirieron 338 millones 221 mil 377 y para este año le fueron presupuestados 356 millones 627 mil 301 pesos.