Diputados aprueban eliminar el fuero
Con información de agencias / Foto Especial
El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 370 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención el dictamen, que elimina el fuero constitucional.
Tras ser avalado por los legisladores, el dictamen será llevado al Senado de la República.
En caso de ser aprobado, será enviado a los Congresos de los estados para su análisis y discusión, de ser aprobado en al menos 16 de las 32 entidades, podrá ser promulgado por el presidente de la República.
De ser aprobada la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, los funcionarios, legisladores, gobernadores o el presidente de la República dejarían de gozar del fuero, que les permitía evitar un juicio o ir a prisión durante su mandato.
Originalmente, el fuero se estableció en la Constitución como una forma de garantizar que los legisladores expresaran sus opiniones sin temor a ser encarcelados.
Pero luego se extendió a todas sus acciones, es decir, mientras durase el tiempo de su mandato no podían ser detenidos por la policía ni enfrentar juicio alguno.
La inmunidad se extendió después a gobernadores, alcaldes, jueces, funcionarios o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La protección, sin embargo, no evitaba investigaciones en su contra y en estos casos sólo podían ser detenidos una vez que concluyera el mandato de cada uno.
El caso del presidente de la República era distinto. Además de que siempre tuvo fuero, sólo podía ser enjuiciado si cometía algún delito común o traicionaba a la patria.
Esta protección se extiende también a los expresidentes por el resto de su vida.
Pero este proceso sólo podía iniciarse con el respaldo del 51% de todos los diputados federales. Es una de las claves: desde el siglo pasado el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados tuvo la mayoría de curules en la Cámara de Diputados.
Esto se convirtió en un dique para los intentos de juicio político, que generalmente fueron archivadas.
De hecho, ni una sola de las decenas de peticiones para sancionar a presidentes en funciones o al dejar el cargo ha sido revisada por los legisladores.
Este procedimiento se repite con los gobernadores, aunque los responsables son los congresos locales.