| Retirar
a los exgobernadores mexiquenses privilegios con cargo al erario como
bono, remuneración o personal a su servicio, que vayan más allá de lo
señalado en la ley como pensión, liquidación o retiro, propuso la
diputada Azucena Cisneros Coss (morena), presidenta de la Directiva de
la 60 Legislatura, a efecto de “contraponer a esa vieja cultura
política, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a
los principios de igualdad, transparencia y austeridad”.
“Poner freno a la opulencia, la
desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos,
constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas
desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido
democráticamente”, expuso.
Lo anterior, al dar lectura a su
iniciativa de abrogación del decreto 87 emitido por la 36 Legislatura
del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta del
Gobierno y con la cual, a su vez, quedaría sin efectos el decreto
expedido por el titular del Ejecutivo estatal el 7 de mayo de 1993, en
la Gaceta del Gobierno número 86, que establecen que los exgobernadores
pueden recibir premios y recompensas, así como apoyos para la
preservación de su seguridad y personal para el desarrollo de
actividades.
Explicó que el citado decreto del
Ejecutivo establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de
gobernador contarán, al terminar su gestión, con la adscripción por
parte del gobierno estatal, de un jefe de ayudantes con categoría de
subdirector, un chofer ayudante, tres ayudantes con categoría de oficial
de seguridad pública y una secretaria.
“Sin duda, la existencia de ambos
decretos ha favorecido un tratamiento contrario a derecho; de ningún
modo se justifica que, una vez que los gobernadores del Estado de México
han concluido con su gestión, se les destine, con cargo al erario,
personal para desempeñar actividades ajenas al servicio público”, señaló
Azucena Cisneros.
Indicó que en esa situación no solo se
advierte un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de
un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento
de una remuneración más allá de lo señalado por la ley como pensión,
liquidación o retiro.
Dijo que la asignación de personal de
seguridad para exmandatarios estatales conlleva un tratamiento desigual
frente al requerimiento del resto de la ciudadanía, por lo que cuestionó
si el personal destinado para esas tareas no sería más necesario para
combatir actividades relacionadas con entornos violentos y delictivos de
la entidad.
“Una actuación contraria a esto estaría
contraviniendo el principio elemental de igualdad ante la ley y
perjudicaría el acceso equitativo al derecho más fundamental de la
ciudadanía, que es la seguridad”, agregó.
Respecto a la seguridad destinada a
exfuncionarios relacionados con actividades de riesgo debido al
desempeño de sus cargos, la legisladora consideró que se trata de
situaciones excepcionales, las cuales están justificadas, aunque señaló
que debe existir una motivación y regulación, como el acuerdo emitido el
3 de diciembre de este año por medio del cual la Fiscalía General del
Estado de México actualizó los denominados ‘Lineamientos para la
protección y seguridad a través de la asignación del servicio de
escolta’.
En sesión del Primer Periodo Ordinario
indicó que si los exgobernadores enfrentan alguna situación de riesgo es
obligación del Estado asumir, a efecto de garantizar en condiciones de
igualdad, la protección y seguridad como con cualquier ciudadano.
Subrayó que con el arribo de la nueva
mayoría parlamentaria de morena representada en la 60 Legislatura, se
establece la necesidad de contraponer, a la vieja cultura política que
dominó el pasado, nuevas formas del ejercicio del servicio público
apegadas a los principios de la igualdad, transparencia y austeridad
que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la
ciudadanía.
La legisladora añadió que la exigencia
ciudadana obliga a tomar acciones como la abrogación de los mencionados
decretos, al considerar que el Estado de México ocupa el tercer lugar
entre las cinco entidades más endeudas del país, que el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un
endeudamiento que asciende a 4 mil 184 millones de pesos al cierre de
2017 y que el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas
ante la insuficiencia de recursos. |
