La protección de los derechos humanos, un tema necesario en las agendas de los nuevos gobiernos
POR María José Bernal Ballesteros
En este momento político, dada la llegada de las nuevas administraciones municipales, estatales y federal, me parece oportuno referirme a la importancia que tiene la defensa y la protección de los derechos humanos en la Administración Pública.
Estos mínimos vitales resultan indispensables para el aseguramiento de la dignidad y del bien común de las personas, sin ellos, sería imposible satisfacer nuestras necesidades básicas y quedaríamos en un completo estado de indefensión. Por ello, en todos los gobiernos, el respeto de estos derechos fundamentales constituye una obligación cuyo cumplimiento ya se encuentra tutelado por organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos; aunado a que el artículo primero de nuestra Constitución señala, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que todas las autoridades están obligadas a promover, proteger y respetar los derechos humanos.
Más allá de ser un tema de moda, los derechos humanos deben considerarse como el común denominador de las agendas públicas ya que en la medida que sean tutelados y respetados tendremos una sociedad más justa y en paz; garantizando al mismo tiempo el derecho a la buena administración y al buen gobierno del que todos somos titulares.
La labor en este sentido es extensa; sin embargo, uno de los requisitos indispensables es tener voluntad política, por ello considero que es de suma importancia que en las nuevas agendas de las administraciones se contemplen acciones concretas y transversales que permitan garantizar el goce efectivo de estos derechos y libertades, así como el fortalecimiento de las instituciones protectoras de derechos humanos como el ombudsperson nacional, estatal y municipal.
Esto no se refiere a que el respeto de los derechos humanos sea un tema que le competa únicamente a las autoridades, el papel que desempeña la sociedad civil en este sentido es muy importante. La implementación de una nueva cultura en esta materia requiere de un trabajo conjunto en donde nosotros, como ciudadanos, también tenemos mucho qué hacer. Considero que se trata de una conciencia social en donde cada uno asumamos con responsabilidad el papel que nos toca, ya sea como servidor público, autoridad, ciudadano, padre o madre de familia, etcétera.
Como lo reiteran organismos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano atraviesa una importante crisis en materia de derechos humanos; las noticias y las cifras de violencia nos lo confirman día a día.
Esa es nuestra realidad, pero no debe ser nuestro futuro. Hoy es un buen momento para cambiar el rumbo de nuestro país y poder recobrar la confianza en nuestras autoridades y en nuestros colaterales, lo único que se requiere es voluntad y convicción de que todas y todos queremos un México seguro y en paz, donde podamos disfrutar plenamente de nuestras libertades y derechos.
Por último, no me queda más que exhortar a todas las nuevas administraciones para que en la ejecución de sus nuevas responsabilidades tengan siempre presente que la tutela de la dignidad humana deberá de ser el eje rector de sus acciones y la garantía de las libertades y los derechos, es decir, el hilo conductor que les permita alcanzar el bien común y la paz social.
Por una cultura de los derechos humanos en Toluca…