Plantean imponer hasta 14 años de prisión a quien participe en turismo sexual
El grupo parlamentario del PRD propuso a la LX Legislatura considerar el turismo sexual como un delito grave y establecer penas de siete a 14 años de prisión a quien participe en la oferta, promoción, invitación, facilitación o gestión de viajes al Estado de México, o de éste al exterior, con fines de realizar o presenciar actos sexuales con un menor de edad o con quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirse a la conducta, pena que se aplicaría a quienes viajen a la entidad para realizar o presenciar el acto.
La iniciativa, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen, busca incluir en el Código Penal del Estado de México el capítulo ‘Turismo sexual’, en el que se detalle que, además de los años de prisión, se impondrá una sanción de dos mil a seis mil días multa.
El diputado explicó que el turismo sexual, también denominado sexoturismo, es un proceso que se gesta de manera local, entre regiones de un mismo país, o bien de manera transnacional, con el propósito de que dos o más personas mantengan relaciones sexuales, además de que en muchos casos se utiliza a niños, niñas y adolescentes, o bien a personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.
Expuso que en México el turismo sexual infantil se ha convertido en una práctica que se encuentra al alza, según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que cinco millones de menores son víctimas de violencia sexual y que, derivado del confinamiento por covid-19, esta se incrementó hasta 73%.
Especificó que, según la Organización El Orden Mundial, el sexo representa uno de los motivos por los que millones de personas viajan, pues cada año unos 250 mil turistas van al extranjero para tener relaciones sexuales con menores y el turismo sexual ilegal reporta, junto con el tráfico de personas, más de 30 mil millones de dólares estadounidenses de ganancias anuales.
Ambos delitos figuran en la lista de los más productivos sectores económicos ilegales, solo por detrás del tráfico de drogas y el comercio de armas.