Opinión

A la defensa de los defensores de Derechos Humanos

POR Dra. María José Bernal Ballesteros
Defensora Municipal de Derechos Humanos de Toluca

Las naciones democráticas del mundo que han promovido la protección, y sobre todo el respeto de los derechos humanos han logrado consolidar estándares de bienestar que hoy les permite gozar de mejores indicadores en materia de: educación, ingresos económicos, salud, medio ambiente y seguridad. Noruega, Suiza, Países Bajos, Alemania y Dinamarca son los países que cuentan con los índices más altos de desarrollo de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En México el tema de la seguridad sigue siendo un enorme reto por parte del Estado mexicano. En días pasados el Senado de la República, en un hecho inédito en lo que va de la presente administración federal, aprobó el dictamen de la Guardia Nacional, documento que fue aprobado con el consenso de todos los partidos políticos y en el que se introducen algunos candados definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora la intervención militar debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Pero mientras el futuro nos alcanza con la Guardia Nacional, la inseguridad sigue elevandose de manera alarmante y las víctimas desafortunadamente siguen siendo de grupos vulnerables, entre ellos los periodistas y defensores de derechos humanos. Los hechos más recientes han sido la lesión de bala del comunicador Carlos Cota y las muertes del locutor Reynaldo López y de Samir Flores Soberanes, este último llíder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos.

Como instituciones de derechos humanos no podemos quedarnos a la simple expectativa de justcia por estas violaciones all derecho a la vida y a la libertad de expresión, de quienes buscan iluminar las conciencia pública en aras de desterrar lo más primitivo de la sociedad contemporánea.

Coincidimos con quienes afirman que el fortalecimiento y subsistencia de nuestras instituciones democráticas está ineludiblemente vinculado a la existencia de la sociedad civil organizada, que a través de los años ha sido, en buena medida, motor y artífice de grandes cambios que nuestro país ha tenido. Ya sea que hablemos de la alternancia en el poder, de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, de la reivindicación de los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad, de la defensa de nuestros recursos naturales o de la protección del medio ambiente, tan sólo por citar algunos casos, es claro que no podríamos entender ni explicar el estado actual de cosas, sin considerar la relevante tarea que las y los luchadores sociales, los colectivos y los defensores de derechos humanos ha tenido.

A pesar de que son tiempos donde el secuestro, la intimidación y los homicidios son un riesgo latente que sufren los defensores de derechos humanos, debemos asumir un compromiso, sociedad y gobierno, que permita que su labor siga siendo el estandarte que dignifique y dé voz a los grupos más desprotegidos.

Es lamentable, que hoy en día los protocolos de actuación para la protección de los defensores de derechos humanos sigan siendo esfuerzos aislados y faltos de coordinación por parte las instituciones encargados de brindar seguridad y protección a este grupo vulnerable.

El futuro de la democracia en México y el respeto a los derechos humanos estará en función del grado en que la sociedad conozca y reconozca sus derechos y pueda hacerlos exigibles; por ello, hoy más que nunca logra gran relevancia la frase de Kofi Annan, Ex Secretario de la ONU, cuando afirma que: “Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida”.